驴Es seguro el uso de m茅todos electr贸nicos dentro del procedimiento administrativo Colombiano?

 

Durante los 煤ltimos 10 a帽os, Colombia ha sufrido varios cambios radicales en su legislaci贸n y esta vez involucra otra de las grandes mutaciones dentro de los procedimientos tradicionales que por varios a帽os ven铆an siendo surtidos dentro de la Rama Judicial, se trata de la nueva manera en que se notificar谩n las actuaciones judiciales administrativas haciendo uso las herramientas electr贸nicas. Pero 驴es seguro el uso de m茅todos electr贸nicos dentro del procedimiento administrativo aplicando la ley 1437 de 2011?

El Decreto 01 de 1984 (C贸digo Contencioso Administrativo) esboza en su Cap铆tulo X la forma en que deben realizarse las publicaciones, comunicaciones y notificaciones dentro de un procedimiento de tipo administrativo, y desde su vigencia, el mecanismo venia siendo realizado de una forma tradicional que involucraba 煤nicamente comunicados escritos mediante correo certificado – en el caso de la notificaci贸n personal -, estados y edictos que 煤nicamente se daban impresos y con la firma a mano del funcionario judicial.

Sin embargo, desde antes de la entrada en vigencia de la nueva normatividad que permite que emplear mecanismos electr贸nicos dentro del procedimiento administrativo, el art铆culo 44 del C贸digo Contencioso聽 ha聽 establecido el 鈥淒eber y forma de notificaci贸n personal鈥 en el que desde ese entonces abri贸 la puerta a futuros mecanismos de notificaci贸n, al mencionar en su tercer ac谩pite:

Si no hay otro medio m谩s eficaz de informar al interesado, para hacer la notificaci贸n personal se le enviar谩 por correo certificado una citaci贸n a la direcci贸n que aqu茅l haya anotado al intervenir por primera vez en la actuaci贸n, o en la nueva que figure en comunicaci贸n hecha especialmente para tal prop贸sito. La constancia del env铆o se anexar谩 al expediente (鈥)鈥

Ahora bien, el 煤nico medio que permit铆a la legislaci贸n administrativa en el Decreto 01 de 1984 para allegar escritos, oficios, demandas y recursos ante el Juez administrativo era por escrito en papel (se except煤an los Derechos de Petici贸n, pues tambi茅n son aceptados de manera verbal 鈥 Art铆culo 5to del C贸digo Contencioso Administrativo) pues su ideal era lograr un expediente f铆sico que permitiera la revisi贸n manual del funcionario que se encargar铆a de dirimir el asunto judicial.

Suscr铆bete a mi canal de Youtube.

As铆 entonces y debido a la gran apertura tecnol贸gica que trajo la popularidad de los correos 鈥減op鈥 y los medios de comunicaci贸n alternativos generados por la Internet, tal como lo son los portales Web, las redes sociales y los distintos modos de accesibilidad a documentos e informaci贸n originados en todos los campos de la administraci贸n p煤blica, el Sistema Judicial no pod铆a ser la excepci贸n y se le dio una normatividad para implementar su propio sistema.

Apoyada en la legislaci贸n previamente existente, como es el caso de la Ley 527 de 1999 y Ley 574 de 2003; la Ley 1437 de 2011 naci贸 a la vida jur铆dica modificando buena parte del procedimiento administrativo y generando un nueva alternativa procedimental que comprende los sistemas electr贸nicos en su Cap铆tulo IV, llamado 鈥淯tilizaci贸n de medios electr贸nicos en el procedimiento administrativo鈥. Gracias a esta nueva normatividad, no solo se podr谩 acceder a informaci贸n relacionada con la jurisdicci贸n administrativa y consultar los procesos en curso, sino que tambi茅n se pueden realizar actuaciones de todo tipo y se realizar谩n las notificaciones de las actuaciones judiciales que se lleguen a generar.

Ahora bien, aunque la nueva Ley establece que para lograr emplear el sistema de medios electr贸nicos, es necesario realizar un previo registro creado para tal fin (Art铆culo 54) en el que se deber谩 identificar la direcci贸n de correo electr贸nico y los datos personales de quien se supone ser谩 el titular del mismo, no considera m谩s mecanismos de seguridad al respecto y hace muy complicado el hecho de verificar la autenticidad del origen o el autor que posteriormente actuar谩 por este medio o si el destinatario al que se quiere allegar dicha informaci贸n es quien se supone lo recibi贸 a conformidad.

El uso del correo electr贸nico en comunicaciones oficiales, en donde est谩n en juego derechos fundamentales como son las judiciales, 茅stas deber铆an estar sometidas a unas condiciones especiales de seguridad, como las que ofrece las entidades certificadoras de firmas digitales (Ejemplo: Certic谩mara), estos son los llamados 鈥淔EDATARIOS JUDICIALES鈥.

As铆 entonces, aunque el art铆culo 57 de la Ley 1437 de 2011 establece que las 鈥渁utoridades, en el ejercicio de sus funciones, podr谩n emitir v谩lidamente actos administrativos por medios electr贸nicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley鈥 y adem谩s, mediante el art铆culo 60 ordena que deber谩 existir una sede electr贸nica al decir 鈥淟a autoridad respectiva garantizar谩 condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la informaci贸n de acuerdo con los est谩ndares que defina el Gobierno Nacional鈥︹ se queda muy corta y a煤n no define que clase de mecanismo se utilizar谩 para garantizar el manejo de esta informaci贸n.

Infortunadamente el af谩n de estar a tono con el uso de los medios electr贸nicos en los procedimientos judiciales no puede ser excusa para legitimar el uso de m茅todos no confiables, sin considerar las consecuencias que generan sistemas que no garantizan seguridad en la transferencia de datos.

As铆 entonces, al comparar la nueva legislaci贸n procedimental administrativa con los presupuestos exigidos en Colombia por la Ley 527 de 1999 sobre la validez de un mensaje de datos y especialmente de car谩cter judicial, se notar谩n las falencias de validez: Los art铆culos 6, 7, 8 y 9 establecen los requisitos jur铆dicos de los mensajes de datos. Especialmente el art铆culo 7潞 se帽ala que cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma (una notificaci贸n-personal-judicial por ejemplo por correo pop) en relaci贸n con un mensaje de datos, se entender谩 satisfecho dicho requerimiento si:

鈥渁) Se ha utilizado un m茅todo que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobaci贸n.- b) Que el m茅todo sea tanto confiable como apropiado para el prop贸sito por el cual el mensaje fue generado o comunicado.- Lo dispuesto en este art铆culo se aplicar谩 tanto si el requisito estableci贸 en cualquier norma constituye una obligaci贸n como si las normas simplemente prev茅n consecuencias en el caso de que no exista una firma鈥.

Todas estas garant铆as s贸lo las ofrece los Fedatarios Judiciales o las mismas llamadas entidades certificadoras de firma digital, que son las 煤nicas en garantizar la integridad, inalterabilidad y confidencialidad de un mensaje de datos judicial, que para mi concepto se le debe imprimir a una notificaci贸n judicial y m谩s si se trata de una personal, o a una solicitud destinada a generar efectos dentro de un proceso judicial, pues los correos gratuitos como lo son por ejemplo Hotmail, gmail, latinmail, etc., no cuentan con suficientes garant铆as por si solos, ni siquiera en 谩mbitos m谩s informales y no pueden garantizar confiabilidad solo por el hecho de encontrarse consignados como punto de referencia dentro de una base de datos previamente requerida por el ente judicial.

Sin estas caracter铆sticas t茅cnicas, los mensajes de datos no ofrecer谩n ninguna garant铆a de confiabilidad dentro del proceso a sus interlocutores, adem谩s, debe existir anuencia entre el usuario y el sistema judicial del Estado y esta manifestaci贸n no puede ser t谩cita. En la mayor铆a de los pa铆ses en donde se ha implementado este servicio se torna oneroso para el ciudadano (el servicio se le debe cancelar al Estado), previa a una manifestaci贸n expresa.

Como punto final, es pertinente resaltar que en la Ley 574 de 2003, art铆culo 32 que modific贸 a su vez el art铆culo 320 del C贸digo de Procedimiento Civil, se帽ala en su par谩grafo primero que el Consejo Superior de la Judicatura implementar谩 la creaci贸n de las firmas digitales certificadas (Fedatarios Judiciales), dentro del a帽o siguiente a la promulgaci贸n de esa ley, esto es, hablamos a partir del 8 de enero de 2003, y hasta la fecha no existe en Colombia a煤n alguna entidad de este tipo.

Para concluir entonces, debo decir que un indebido uso de los medios electr贸nicos en el sistema judicial colombiano puede generar violaciones potenciales de derechos fundamentales porque su imposici贸n sin el debido proceso requerido podr铆a generar confusi贸n entre los usuarios y suplantaciones, as铆 como ser铆a una p茅rdida de tiempo al procurar su verificaci贸n en cada acto, generando acciones procedimentales y administrativas caras dado el poco dominio de los tribunales y la incertidumbre que genera el no tener a un tercer organismo que se dedique a garantizar y verificar la autenticidad de la informaci贸n manipulada dentro de un proceso judicial.

De mi pu帽o y letra.

Guanaweb

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesi贸n:

Logo de WordPress.com

Est谩s comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesi贸n /  Cambiar )

Google photo

Est谩s comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesi贸n /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Est谩s comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesi贸n /  Cambiar )

Foto de Facebook

Est谩s comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesi贸n /  Cambiar )

Conectando a %s